Tras más de tres años de debate y de idas y vueltas entre la Asamblea Nacional y el Senado, el Parlamento francés aprobó el pasado miércoles, 27 de enero, el proyecto de ley sobre “el final de la vida”. Aunque sus avalistas niegan que contemple la eutanasia incluye, como alertan los colectivos en defensa del derecho a la vida, aspectos muy polémicos que abren la puerta a su práctica encubierta y a futuros proyectos para su legalización.
En primer lugar, porque establece la creación de un nuevo derecho a recibir “sedación profunda y continua” para los pacientes terminales, definidos como aquellos con una “afección grave e incurable”, con “pronóstico vital comprometido a corto plazo” y con un cuadro médico de “sufrimiento que resiste a los tratamientos”, prevaleciendo su “voluntad” sobre el criterio médico, frente a lo que establecía la legislación hasta ahora.
Este primer punto, que obligará a todos los médicos a sumergir a sus pacientes terminales en esta sedación irreversible, resulta aún más polémico por cuanto desde ahora cabe la posibilidad legal de que la decisión no la formule el propio paciente: en casos en los que no la haya expresado con anticipación y no pueda comunicarla por su estado, la podrá adoptar “una persona de confianza”, designada previamente por él. La función de este delegado no tendrá fecha de caducidad y su decisión prevalecerá sobre cualquier otra opinión.
Por otra parte, porque con la supresión de la medicación y asistencia que precisa el paciente terminal para administrarle exclusivamente analgésicos, la ley obliga a retirarle la hidratación y la nutrición, lo que puede desembocar en una aceleración de la muerte por anularle estos soportes vitales, en lugar de centrarse en los cuidados paliativos para evitar o aliviar el dolor, hasta que llegue la muerte como consecuencia de la enfermedad.
Alerta en los grupos provida
El texto fue aprobado en la Asamblea Nacional a mano alzada, por 436 votos a favor y 34 en contra. Entre entre estos últimos los de Jean-Frédéric Poisson, presidente del Partido Demócrata Cristiano, y Xavier Breton, miembro del Acuerdo Parlamentario para la Familia.
Por su parte la izquierda radical, los ecologistas y algunos socialistas lo rechazaron, aun admitiendo la ambigüedad del texto, por considerarlo una “la oportunidad perdida” para legalizar la eutanasia activa que reclaman.
El colectivo Soulager Mais Pas Tuer (Aliviar Pero No Matar), que aúna a profesionales de la salud y ciudadanos frente a toda forma de eutanasia y de suicidio asistido, reprocha precisamente esa excesiva ambigüedad del texto, “por no especificarse que el propósito de la sedación no es provocar la muerte o facilitar la eutanasia”.
“La Ley final de la vida es una ley que socava las relaciones entre los cuidadores y los pacientes. La introducción de un ‘derecho a la sedación profunda continua hasta la muerte’ abre de hecho la puerta a los abusos de eutanasia”, subraya la plataforma, que llama a los ciudadanos a aumentar la vigilancia sobre la aplicación del texto.
Una crítica que se comparte desde la Iglesia Católica. Los obispos expresan sus reservas sobre la nueva ley, en particular en lo que respecta a la sentencia de la nutrición e hidratación artificial, insistiendo especialmente en la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos. Recuerdan también en este sentido los documentos que publicó en enero y octubre de 2015 el grupo de trabajo del Episcopado francés, lamentando que “la sociedad no haya aprendido aún a acompañar a las personas más frágiles o que se encuentran al final de sus vidas”.
Una ley peligrosamente ambigua
Como graves ambigüedades, Soulager Mais Pas Tuer destaca el criterio subjetivo sobre la definición de sufrimiento “insoportable”, un concepto que, como denuncia el portavoz del colectivo, Tugdual Derville, “sufre múltiples secuestros, probablemente no verificables, a favor del suicidio asistido”.
A ello se añade la falta de protección a los pacientes inconscientes e incapaces de hablar, “con el riesgo de la eutanasia enmascarada, ejercitada por la retirada de la alimentación y la hidratación”, advierte Derville.
Por ello, Soulager Mais Pas Tue ha empezado a desplegar en Francia, a nivel nacional y regional, un dispositivo de doble vigilancia frente a estos riesgos: “además de vigilar la aplicación de esta ley, queremos proteger a la esencia y la integridad de los cuidados paliativos y comprobar la aplicación efectiva sobre su anunciado plan de desarrollo, que lleva tres años de retraso, así como su adecuación a las necesidades reales de los franceses”, afirma el portavoz.
El “logro histórico” del “derecho a decidir”
Sucesora de las leyes aprobadas en 1999, 2002 y 2005 en Francia, el nuevo texto es fruto del consenso habido entre el Partido Socialista (PS) y la oposición conservadora de Los Republicanos (LR), liderando su defensa sus respectivos diputados Alain Claeys y Jean Leonetti, quien trató de evitar polémicas definiendo la nueva ley como la posibilidad de «dormir antes de morir para no sufrir», otorgando a estos pacientes “el derecho a ser dormidos, para morir en el sueño”.
El objetivo era completar y mejorar la Ley Leonetti , redactada hace diez años, así como cumplir otro de los compromisos electorales de reingeniería social –tras el del pseudomatrimonio homosexual- del presidente galo, el socialista Francois Hollande, para “crear un derecho a la asistencia médica para poner fin a la vida con dignidad”. Esto es, sin circunloquios que buscan sortear el rechazo que genera la eutanasia, fabricar igualmente un falso derecho a decidir la propia muerte.
Los temores de que la ley sea un paso previo en el camino hacia la legalización de la eutanasia se sustentan también en la forma en la que el Ejecutivo galo ha celebrado la nueva ley, como la superación de “una etapa” para tal fin.
Es el caso del primer ministro galo, Manuel Valls, y de la titular de Sanidad, Marisol Touraine, que en 2009 firmaron una petición a favor del derecho a una “ayuda activa” a morir. Sus elogios al texto aprobado resultan reveladores: “Un gran avance histórico, que consagra la libertad y la dignidad de la persona”, afirma Valls. “Un logro histórico que coloca al paciente en el centro de la decisión”, destaca la ministra.
Quienes alertan pues sobre la nueva ley y la necesidad de permanecer activos ante cualquier vulneración al derecho a la vida amparado por el nuevo texto parecen, pues, bien legitimados.
Cristina Castro, Actuall.